Como si fuera el mejor reality, la televisión transmite en directo los “ajusticiamientos indígenas”. Espaldas reventadas a latigazos, narices sangrantes, cabezas rotas, gritos pidiendo perdón, revolcados entre la tierra y la propia sangre los “ajusticiados” juran no volver a cometer el delito del que son acusados.
Autoridades policiales y de justicia, se declaran “respetuosos” del derecho de las comunidades de aplicar justicia con base en “sus tradiciones ancestrales y derecho propio”; está en la Constitución elaborada por los sabios asambleístas constituyentes. Lourdes Tibán, en una publicación de la agencia (ALAI) señala: “la administración de justicia ha sido entendida equívocamente como linchamientos, salvajismo o la aplicación de sanciones inhumanas que atentan a los derechos universales…” El fiscal de Asuntos Indígenas, Vicente Tibán, sobre el caso de la comunidad La Cocha, dijo que la legislación ecuatoriana no permite juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. “Si hay un acta de lo decidido por la comunidad, hasta ahí llegó el tema”.
¿Se están contraponiendo dos sistemas de justicia? ¿Está el Estado delegando a la actividad privada esa administración de justicia?
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