El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG- ECHO) han firmado acuerdos para trabajar en conjunto en Colombia, Ecuador, Bolivia y Trinidad y Tobago con el objetivo de ayudar a estos países a mejorar su preparación para responder y recuperarse ante desastres.
América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos. Entre 1997 y 2017, uno de cada cuatro peligros naturales registrados en el mundo ocurrió en ALC (link is external).
La reducción de las muertes causadas por peligros ha ido disminuyendo constantemente en la región, en parte debido a una mayor preparación para las intervenciones humanitarias. Este importante logro casi ha sido anulado por la pandemia de COVID-19 que golpea duramente a la región.
“Según OCHA, América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a desastres en el mundo con 152 millones de personas afectadas por 1.205 desastres entre 2000-2019. En este contexto, nuestra cooperación con la Unión Europea ha sido y sigue siendo fundamental para mejorar la coordinación para la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias”, dijo Luis Felipe López-Calva, Subsecretario General de la ONU y Director Regional del PNUD para América Latina. América y el Caribe.
En los últimos años, el PNUD se asoció con la DG-ECHO y actores locales para mejorar las capacidades y desarrollar procedimientos para fortalecer la preparación y respuesta a naturales peligros, desastres creados por el hombre y epidemias. Por ejemplo, la implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) para ayudar a las comunidades a tener un conocimiento oportuno de los peligros futuros ha sido una de las áreas clave de nuestra cooperación. Bajo el liderazgo de la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA) en alianza con el PNUD, la Federación Internacional y OCHA, seis países buscaron fortalecer la preparación para desastres y la reducción de riesgos a través de SAT.
La colaboración regional entre la UE y el PNUD ha mostrado resultados positivos en 2020, sobre todo en Ecuador y en el Caribe, una tendencia que replica una alianza global que muestra a la Unión Europea financiando 91 intervenciones del PNUD para un total aproximado de €164 millones desde 2003.
“Nos complace continuar trabajando con el PNUD en la región de América Latina y el Caribe propensa a desastres, donde los brotes de la COVID-19, los conflictos y la violencia, así como las migraciones forzadas acumulan sus efectos negativos ante el impacto de las amenazas naturales”, dice Álvaro de Vicente, Jefe de la Oficina Regional de la DG-ECHO en América Latina y el Caribe. “Nuestros objetivos conjuntos son reforzar la preparación y la capacidad de las autoridades para intervenir oportunamente antes o inmediatamente después de un desastre. También apuntamos a apoyar las capacidades de los socorristas y la resiliencia de las personas expuestas a múltiples riesgos y que viven en circunstancias vulnerables, con un enfoque particular en las poblaciones indígenas”.
El COVID-19 y las crisis climáticas ha magnificado las inequidades subyacentes y afectan negativamente a las comunidades y los países aumentando la brecha de pobreza. A medida que la región batalla la crisis de salud y las crisis económicas causadas por la pandemia, muchos países sufren impactos adicionales por el cambio climático, tales como olas de calor, cambios en los patrones de precipitación, incendios, volcanes, inundaciones y huracanes, que afectan a las zonas urbanas, la productividad agrícola, regímenes y biodiversidad.
En Colombia, el PNUD unirá esfuerzos con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA), el Departamento Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad Nacional de Víctimas (UARIV) para mejorar los esfuerzos de preparación y respuesta ante emergencias. La iniciativa se centrará en el nivel local, en las zonas más afectadas por la violencia y los desastres, y con escasa capacidad de respuesta. Nuestro trabajo también se centrará en los más vulnerables, incluidas las comunidades étnicas e indígenas.
En Ecuador, la alianza apoyará a las comunidades indígenas afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay y que viven en áreas propensas a terremotos y riesgos climáticos, con planes y mecanismos de contingencia prácticos, mantenimiento de la infraestructura hídrica y mejores medidas de recuperación temprana. La iniciativa también promoverá la difusión de información y conocimiento sobre peligros y riesgos.
En Bolivia, la alianza se centrará en la región de Chiquitania, donde los frecuentes incendios forestales y la incidencia de enfermedades respiratorias agravan las vulnerabilidades de las poblaciones indígenas y de pequeños agricultores. Esto también apunta a poner en marcha las primeras capacidades de respuesta e integrarlas en los planes de respuesta de lucha contra el fuego.
En Trinidad y Tobago, donde las inundaciones han tenido un impacto económico y social significativo, una iniciativa financiada por la Unión Europea - ejecutada por el PNUD- apoyará a las comunidades y las autoridades locales a poner en marcha sistemas de alerta temprana y llevar a cabo acciones de preparación y respuesta.
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